Al grano (aunque, como en todos los frutos con simiente, será necesario ir desgajando capa a capa para llegar a la mies).
Primera capa: Los ciudadanos rumanos (europeos aunque les pese a la camarilla de fascistas encefalogramaplanos) han dejado de tener permiso de trabajo en España. Dicho así, parece simplemente una violación del tratado Blablablabla, ratificado por los países miembros el día de no me acuerdo. Por eso Rubalcaba {hacer, escuchar, explicar} corrió a aclarar que aquello no afectaría a los rumanos que ya estuvieran incorporados al mercado de trabajo español. Punto en boca pues.
Argumentan: en Rumanía hay un índice de paro menor que en España y por lo tanto no tenemos obligación moral de asumir su flujo migratorio. Una pregunta sin ánimo capcioso: ¿en qué país hay más paro que en España?
Segunda capa: La instrucción dada a las administraciones y organismos encargados de velar por que se cumpla la orden es explícita: todo aquel ciudadano rumano que el día 22 de julio de 2011 no estuviera dado de alta en la Seguridad Social, es decir, trabajando por cuenta ajena, o bien estuviera establecido como trabajador Autónomo, o bien estuviera inscrito en las oficinas de empleo como demandante de empleo, repito, a fecha 22 de julio, todo aquel rumano que no estuviera en uno de los casos anteriores, dejó de tener permiso de trabajo a partir del 1 de agosto, fecha en que entró en vigor la medida.
Es decir, puede darse el caso de que un ciudadano rumano que causó baja en cualquier empresa el día 21 de julio quisiera volver a trabajar el 2 de agosto y que incluso tuviera un empleador dispuesto a contratarle. En vano recorreran organismo tras organismo, empleador y cuadrilla de la mano. El día 22 de julio es el que manda.
Puede darse el caso de otro que lleve trabajando un año, de manera intermitente, en campañas agrícolas la mayoría, y que durante ese año, incluido el mes de julio, estuviera pagando de su particular peculio el llamado sello agrícola, es decir, el seguro social que opera en el Régimen Especial Agrario, pero que el día 22 de julio no trabajara porque le dolía un pie, porque al patrón se le estropeó el tractor o porque en esa finca o esos terrenos amaneció chispeando y el patrón dijo que a casa, que faenarían al día siguiente . Pues no señor. Se acabó trabajar en España, al menos con papeles.
Y por si fuera pequeño el drama, la Administración no escatima en medios de estigmatización; y compra miles de sellos y de tampones de tinta roja para que los funcionarios de los servicios de empleo estampen en las tarjetas de demanda de empleo de estos ciudadanos comunitarios venidos a menos el claro mensaje: NECESITA PERMISO DE TRABAJO.
Como si pudieran obtenerlo. Para que un extranjero obtenga un permiso de trabajo un empresario tiene que presentar una oferta de trabajo en el servicio de empleo correspondiente y el director tiene que certificar que, después de hacer el pertinente sondeo, no hay ni un solo ciudadano español dispuesto o capacitado para hacer el trabajo. Con ese certificado, el empleador va a la administración correspondiente y tramita el permiso del inmigrante.
La medida puede cobrar coherencia vista desde aquí, desde una óptica restrictiva de la Europa que nos venden, desde luego. Sólo si un español no puede o no quiere trabajar, entonces el rumano podrá optar a ese empleo. Pero, ¿qué hacemos con los cientos de miles de rumanos que, por azar, no estaban dados de alta en la Seguridad Social o inscritos en el servicio de empleo de su comunidad el fatídico día 22 de julio y que hasta ayer eran ciudadanos comunitarios de pleno derecho? ¿Los echamos a su país? ¿Los condenamos al empleo sumergido, a la desprotección? No nos rasguemos las vestiduras. No son esas dos opciones tan descabelladas para determinados sectores de la política actual pero, ¿es esa la izquierda que representa el PSOE?
